La sequía que afecta severamente a los estados del norte de México es causada, principalmente, por La Niña, fenómeno climatológico extendido inusualmente por tres años consecutivos desde 2020; se mantendrá hasta finales de 2022. Además, hay aspectos sociales que inciden en la profundización de la crisis por falta de agua, expusieron especialistas de la UNAM.
“Climatológicamente es algo muy raro; teníamos más de 20 años sin que se prolongara tanto ese fenómeno. Esto impacta en la disponibilidad de agua en el norte y cambia los patrones de vientos y lluvias a nivel mundial”, aseguró Christian Domínguez Sarmiento, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático.
Las anomalías frías de las temperaturas superficiales del Océano Pacífico tropical ocasionan que durante el verano llueva mucho en el centro-sur del país, principalmente en los estados del Golfo de México, y que en el invierno no haya precipitaciones, de manera especial, en el norte, describió la investigadora.
Citó reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se indica que ha llovido 20.8 por ciento menos en el país desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 29 de mayo de 2022, con respecto al promedio histórico para ese mismo periodo.
Además, el informe más reciente del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (emitido el 31 de mayo de 2022) señala que ninguna de las 210 presas principales de México estaba al cien por ciento de su llenado: 117 a menos de la mitad; 61, entre el 50 y 75 por ciento de su capacidad; y 32 estaban arriba del 75 por ciento sin alcanzar su totalidad.
Las del Sistema Cutzamala (El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria) usadas para abastecer parte de la Zona Metropolitana del Valle de México, se encontraban al 42.7 por ciento de su nivel de llenado, 17.4 por ciento menos que el histórico para esa fecha.
“Al haber menos lluvias, la radiación entra de manera directa al territorio mexicano y hace que se evapore el agua, lo que genera la reducción del nivel de las presas”, expuso la investigadora del Departamento de Ciencias Atmosféricas.
Detalló que el Servicio Meteorológico Nacional reporta que 77.68 por ciento de la nación tiene alguna condición de sequía, y 32.42 por ciento se encuentra en sequía severa, aunque este último porcentaje es menor al registrado en 2021, cuando 54.8 por ciento del territorio nacional estaba en esa condición.
“Aunque el porcentaje del territorio bajo estas condiciones de sequía severa es menor, el problema está muy focalizado en los estados del norte. Ha existido mayor entrada de radiación directa, en comparación con el promedio de 1981 a 2010, en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, parte de Chihuahua, Sinaloa, un poco de Sonora, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas”, abundó.
De acuerdo con los escenarios a futuro sobre el cambio climático, Domínguez Sarmiento estimó que las regiones del norte sufrirán sequías más frecuentes y extremas. Por ello, es importante que los tomadores de decisiones utilicen los pronósticos climáticos, que permiten –con tres meses de antelación– saber cómo vendrá la temporada de lluvias, así como conocer cuándo habrá menos lluvias que el promedio histórico y determinar medidas preventivas.
Respecto a la crisis de agua que vive la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la tercera urbe más importante de México, la experta universitaria consideró que es adecuado construir una tercera presa –adicional a El Cuchillo y Cerro Prieto– para dotar del líquido, aunque la medida no resolverá el problema de sequía a largo plazo, como tampoco lo harán las medidas de emergencia, como trasladar agua de un estado a otro.
Justicia ambiental
La coordinadora universitaria para la Sustentabilidad, Leticia Merino Pérez, refirió que en el país nos encontramos ante un panorama desastroso en este tema. “Creo que la política del agua ha generado una bomba de tiempo, que nos está estallando”.
La doctora en Antropología, dedicada a la investigación del uso integral y sustentable de los recursos naturales, refirió que a partir de que inició el sistema de concesiones, con la Ley de Aguas Nacionales de 1992, ha aumentado el acaparamiento del recurso; “hay más agua concesionada que la que está disponible en muchas cuencas”. Además, existe gran concentración.
Se estima que ocho grandes usuarios son dueños del 80 por ciento del agua concesionada. Ese acaparamiento impide que el líquido esté disponible para una cantidad importante de municipios y ecosistemas. Si a las crisis provocadas por la aridez y el cambio climático se añade la falta de acceso de la gente al recurso, el problema es “tremendo”, dijo Merino.
Existen otras dificultades adicionales: se carece de captación pluvial, hay contaminación y sobreexplotación del recurso, aspectos donde una vez más la regulación y las políticas públicas son claramente inadecuadas.
Se calcula que en México 40 por ciento de las cuencas están contaminadas de un nivel medio a muy grave; junto con China, somos el único país que utiliza aguas negras para el riego en la agricultura, contaminadas “con todo lo que se nos pueda ocurrir”, como bacterias coliformes que provocan enfermedades gastrointestinales, residuos de medicamentos, metales pesados y microplásticos, entre otros.
En un estudio de Adalberto Noyola Robles, investigador y exdirector del Instituto de Ingeniería, realizado hace pocos años, se estimaba que no funcionan el 60 por ciento de las plantas de tratamiento del país, las cuales están a cargo de los municipios. “Tomamos agua contaminada y, en gran medida, esto ha llevado a un consumo generalizado de agua embotellada que genera exceso de desechos plásticos”.
Hace unos meses, después de años de lucha, se expidió la Norma Oficial Mexicana NOM-001-Semarnat-2021, para establecer los límites permisibles de contaminantes en las descargas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación. Todas las empresas se habían resistido durante largo tiempo al control de sus residuos. Los industriales solicitaron cinco años para su aplicación y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no tiene suficientes inspectores para verificar la aplicación de la NOM.
Leticia Merino señaló otra preocupación: la privatización de los servicios municipales de agua, incluidas las plantas de tratamiento. El acceso al líquido es un derecho humano y se requiere que el Estado, la federación, los estados, los municipios, armen, con la participación ciudadana, una estructura institucional a fin de asegurar su provisión y calidad en las localidades. Necesitamos proveerlo a partir de un enfoque de equidad y justicia ambiental.
Estoy convencida que las prácticas de consumo son importantes, como también lo es generar ciudadanía ambiental y exigir mejores leyes y políticas públicas para que quienes tienen el control del líquido concesionado realicen mejores prácticas, sean vigilados y no sobreexploten los recursos, ni los contaminen. Hay mucho por hacer en torno a la movilización ciudadana, afirmó.
